- Consulte la Resolución 1244 de Naciones Unidas
- Declaración de independencia
- Artículo "La Corte Internacional de Justicia y el futuro de Kosovo"
- "La independencia de Kosovo: oportnidades y amenazas"
- "La independencia de Kosovo a la luz del derecho de libre determinación"
jueves, julio 22, 2010
domingo, julio 11, 2010
Un millón de personas después
1.- Parece que a algunos de los organizadores les ha salido el tiro por la culata, a la vista de los resultados e incidentes, claramente a favor de los independentistas.
2.- La irresponsabilidad política sigue siendo abrumadora, como no es por otra parte imprevisible a la vista de la calidad de nuestros políticos: no se puede seguir fomentando el discurso de que prima lo que diga el pueblo, puesto que el pueblo también ha dicho que prima el status quo jurídico existente.
3.- La reforma constitucional es posible y existen formas de hacerla: no se puede alimentar vías extraconstitucionales, porque un Estado Democrático siempre es un Estado de Derecho, y no necesariamente al revés.
4.- No se puede hacer una reforma constitucional sin acuerdos de la mayoría política cualificada.
5.- No se puede alimentar la crítica a un órgano constitucional, cuando los principales responsables de su situación son los partidos políticos (TODOS).
6.- Es absurdo fomentar que los magistrados se mueven por la aplicación de criterios políticos y no jurídicos. En cambio, los partidos jamás se mueven por criterios jurídicos, sino a pesar de ellos. El Imperio de la Ley JAMÁS debe ser cuestionado si no queremos acabar muy mal todos. La Ley siempre está por encima de los intereses particulares.
7.- La situación actual era previsible hace unos cuantos años: la responsabilidad no la tiene el TC. Que cada uno cargue con sus culpas, y sobre todo, el Gobierno que ha promovido y fomentado una situación que muchos preveían en su momento.
8.- ¡Qué curioso!: Un millón de personas después la noticia principal de los periódicos es que España se enfrenta a Países Bajos en la final del campeonato mundial de fútbol.
2.- La irresponsabilidad política sigue siendo abrumadora, como no es por otra parte imprevisible a la vista de la calidad de nuestros políticos: no se puede seguir fomentando el discurso de que prima lo que diga el pueblo, puesto que el pueblo también ha dicho que prima el status quo jurídico existente.
3.- La reforma constitucional es posible y existen formas de hacerla: no se puede alimentar vías extraconstitucionales, porque un Estado Democrático siempre es un Estado de Derecho, y no necesariamente al revés.
4.- No se puede hacer una reforma constitucional sin acuerdos de la mayoría política cualificada.
5.- No se puede alimentar la crítica a un órgano constitucional, cuando los principales responsables de su situación son los partidos políticos (TODOS).
6.- Es absurdo fomentar que los magistrados se mueven por la aplicación de criterios políticos y no jurídicos. En cambio, los partidos jamás se mueven por criterios jurídicos, sino a pesar de ellos. El Imperio de la Ley JAMÁS debe ser cuestionado si no queremos acabar muy mal todos. La Ley siempre está por encima de los intereses particulares.
7.- La situación actual era previsible hace unos cuantos años: la responsabilidad no la tiene el TC. Que cada uno cargue con sus culpas, y sobre todo, el Gobierno que ha promovido y fomentado una situación que muchos preveían en su momento.
8.- ¡Qué curioso!: Un millón de personas después la noticia principal de los periódicos es que España se enfrenta a Países Bajos en la final del campeonato mundial de fútbol.
jueves, julio 01, 2010
Una cuestión de educación
Doscientos años después de que se abriera el melón de la educación con el enfrentamientos ideológico de cómo debe ser entendido el modelo educativo, hemos sido testigos de un nuevo fracaso del diálogo como superador de barreras y punto de encuentro de voluntades. Las constituciones españolas de los siglos XIX y XX reprodujeron ese conflicto; incluso la actual de 1978, en sede constituyente, albergó algunos de los enfrentamientos más enconados de la redacción del articulado final de la ley suprema, llegando incluso a que uno de los miembros de la Ponencia Constitucional dejara las sesiones debido a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre varios de los artículos, uno de ellos el 27, que diseña el marco educativo de nuestro país.
Hemos vuelto a ser testigos de cómo las posiciones ideológicas se anteponen a los intereses colectivos por obtener una educación libre y de calidad que sea capaz de impulsar la recuperación económica de nuestra sociedad. Los partidos de todo el espectro político nacional y autonómico han demostrado, una vez más, que la miopía ideológica sobrepasa culaquier intento de búsqueda del interés común. Si unos se enrocan en sus batallas lingüísticas, los otros en los programas y competencias; si unos en las ópticas minifundistas del terruño, otros en las asignaturas que no en la calidad de las mismas. Y así sucesivamente.
El art. 27 de la Constitución es extraordinariamente extenso, como no cabía otra cosa a la vista de sus antecedentes, pero en él hay puntos perfectamente entendibles, más allá de toda miopía partidista y en aras de la construcción de un modelo educativo donde la calidad debe primar sobre cualquier otra consideración. Y los dos grandes principios que articulan este artículo son los derechos a la libertad de enseñanza y a la educación, derechos que se complementan con la libertad a que los padres reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, la libertad de creación de centros docentes y de participar en su control y gestión. Todo ello acompañado por el establecimiento de los fines educativos, la obligatoriedad de la enseñanza básica, la autonomía universitaria y las competencias de los poderes públicos junto a los mandatos al legislador. Y todos ellos deberán interpretarse conforme a los Tratados internacionales ratificados por España (art. 10.2 CE).
Desde la aprobación del art. 27 CE, harto difícil, cada gobierno ha construido su modelo de educación, y desde la ideología personal hemos sido incapaces de avanzar hacia un terreno común en que sólo ganara quien tienen que ganar: el estudiante. Y así nos va.
Más de treinta años después de aquella redacción, aún estamos discutiendo la legalidad de las sentencias de los tribunales cuando a todas luces no deja de ser una temeridad para cualquier Estado de Derecho, donde todos los sujetos, públicos y privados, estarán bajo su imperio.
Pero eso es harina de otro costal. Estos días, a la luz de la sentencia del recurso de inconstitucionalidad del Estatut, estamos comprobando una vez más cómo a los políticos se les llena la boca diciendo atrocidades absurdas. Es lamentable tanto ignorante suelto, y deberíamos los ciudadanos ser capaces de limpiar nuestra propia casa mandándoles a donde deben ir: a la suya.
Hemos vuelto a ser testigos de cómo las posiciones ideológicas se anteponen a los intereses colectivos por obtener una educación libre y de calidad que sea capaz de impulsar la recuperación económica de nuestra sociedad. Los partidos de todo el espectro político nacional y autonómico han demostrado, una vez más, que la miopía ideológica sobrepasa culaquier intento de búsqueda del interés común. Si unos se enrocan en sus batallas lingüísticas, los otros en los programas y competencias; si unos en las ópticas minifundistas del terruño, otros en las asignaturas que no en la calidad de las mismas. Y así sucesivamente.
El art. 27 de la Constitución es extraordinariamente extenso, como no cabía otra cosa a la vista de sus antecedentes, pero en él hay puntos perfectamente entendibles, más allá de toda miopía partidista y en aras de la construcción de un modelo educativo donde la calidad debe primar sobre cualquier otra consideración. Y los dos grandes principios que articulan este artículo son los derechos a la libertad de enseñanza y a la educación, derechos que se complementan con la libertad a que los padres reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, la libertad de creación de centros docentes y de participar en su control y gestión. Todo ello acompañado por el establecimiento de los fines educativos, la obligatoriedad de la enseñanza básica, la autonomía universitaria y las competencias de los poderes públicos junto a los mandatos al legislador. Y todos ellos deberán interpretarse conforme a los Tratados internacionales ratificados por España (art. 10.2 CE).
Desde la aprobación del art. 27 CE, harto difícil, cada gobierno ha construido su modelo de educación, y desde la ideología personal hemos sido incapaces de avanzar hacia un terreno común en que sólo ganara quien tienen que ganar: el estudiante. Y así nos va.
Más de treinta años después de aquella redacción, aún estamos discutiendo la legalidad de las sentencias de los tribunales cuando a todas luces no deja de ser una temeridad para cualquier Estado de Derecho, donde todos los sujetos, públicos y privados, estarán bajo su imperio.
Pero eso es harina de otro costal. Estos días, a la luz de la sentencia del recurso de inconstitucionalidad del Estatut, estamos comprobando una vez más cómo a los políticos se les llena la boca diciendo atrocidades absurdas. Es lamentable tanto ignorante suelto, y deberíamos los ciudadanos ser capaces de limpiar nuestra propia casa mandándoles a donde deben ir: a la suya.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
